Resumen
En la provincia de Esmeraldas, durante los
últimos tres años se ha registrado un incremento de la tasa de homicidios, que
es de 81 personas por cada 100.000 habitantes. El incremento es muy
considerable en proporción a los de años anteriores, según el Diario El
Universo, 2024. El presente estudio tuvo como finalidad analizar los efectos de
la criminalidad en la Educación Superior del cantón Esmeraldas. La
investigación fue de tipo mixto, no experimental. Se aplicó la encuesta y la
entrevista, y la muestra estuvo constituida por 368 personas (docentes y
estudiantes) más 4 personas clave.
Los principales resultados demuestran que
los factores que pueden incidir en el origen y aumento de la criminalidad son:
la desigualdad socioeconómica, el crimen organizado, el rompimiento de la
estructura familiar, la mala administración de justicia y de procedimientos
judiciales, la falta de personal policial eficiente, y la corrupción
institucionalizada como medio que fomenta el crimen organizado. La mayoría de los
estudiantes y docentes han experimentado algún tipo de delito sobre todo
extorsiones, robos y secuestros extorsivos, lo que ha afectado el rendimiento
académico, la asistencia a clases, el horario, y las renuncias laborales. La
mayoría de las personas encuestadas no se sienten seguros en los predios
universitario. Estudiantes y docentes no conocen cuáles son las medidas de
seguridad adoptadas por la institución; sin embargo, mencionan que algunas
medidas a considerar podrían ser el incrementar la prevención y protección
institucional y promover el emprendimiento universitario.
Palabras clave: criminalidad, educación superior, medidas de seguridad.
Abstract
In the
province of Esmeraldas, the homicide rate has increased over the last three
years, reaching 81 people per 100,000 inhabitants. This increase is very
significant compared to previous years, according to the El Universo, 2024 newspaper.
The purpose of this study was to analyze the effects of crime on higher
education in the canton of Esmeraldas. The research was mixed, non-experimental.
A survey and interview were conducted, and the sample consisted of 368 people
(teachers and students) plus four key individuals.
The main results indicate
that several factors may influence the origin and increase of crime, including
socioeconomic inequality, organized crime, the breakdown of family structures,
inadequate administration of justice and judicial procedures, a shortage of
efficient police personnel, and institutionalized corruption, which serves as a
means to fuel organized crime.
Most students and
faculty members have experienced some kind of crime, especially extortion,
robbery, and kidnapping for ransom, which has affected academic performance,
class attendance, schedule changes, and job resignations. The majority of those
surveyed do not feel safe on university campuses.
Students and faculty members
are unaware of the security measures adopted by the institution; however, they
mentioned that some measures to consider would include the increase in
institutional prevention and protection, and promoting university
entrepreneurship.
Keywords: crime, higher education, security measures.
La
Criminalidad y sus Efectos en la Educación Universitaria del Cantón Esmeraldas
La criminalidad
es atribuida a una serie de hechos perpetrados contra la colectividad. En el
campo legal, el Centro de Formación Estudio Criminal (CFEC), la define como el
conjunto de transgresiones que tienen gran incidencia social, efectuadas contra
el orden público (Gachutz & Barona, 2019). Específicamente comprende
cualquier tipo de delitos y delincuentes identificados en un tiempo y lugar, lo
cual a su vez constituye una demostración general de la existencia de los
fenómenos psicosociales que pueden registrarse en determinadas épocas dentro de
la historia de un país y son considerados crímenes.
Existen varias
teorías que investigan los orígenes y estímulos que producen la conducta; por
ello la meta principal de la teoría criminológica es facilitar una plataforma
adecuada y consistente para el tratamiento del crimen, el reconocimiento de
esquemas delictivos, detectar tendencias con el fin de desarrollar acciones de
intervención adecuadas (Inenka, 2023).
La denominada teoría
clásica basada en la idea de que los individuos son seres racionales
estructurados para tomar decisiones conscientemente hace un análisis de los
costos y beneficios. Esto quiere decir que las personas que cometen delitos evalúan
si hay más ventajas que desventajas. La teoría del etiquetamiento establece que
el motivo por los cuales un sujeto comete delitos se debe al deseo de ser
etiquetado negativamente por la sociedad
La teoría de las
ventanas rotas enunciada por los criminólogos James Q. Wilson y George Kelling
se fundamenta en la necesidad de solucionar el problema cuando aún es pequeño,
lo que da a entender que el descuido, el desinterés, la falta de acciones y el no
establecer precedentes para imponer el orden por parte de quienes están
encargados de mantenerlo, desde el momento que se presentan acciones violentas,
puede promover una alza en la ejecución de delitos. La teoría establece que si
una ventana rota se deja sin reparar, pronto todas las ventanas estarán rotas
(Catilleros, 2024); de ahí el nombre de esta teoría, de las ventanas rotas.
Es el signo del abandono
que deja un mensaje tácito interpretando: “Aquí no importa el orden. Aquí no
importa el cuidado”. los delitos emanan del desorden y que, al eliminarse el
desorden inicial, se eliminan los delitos graves (Catilleros, 2024).
Finalmente se
expone la Teoría de la elección racional, estableciendo el criterio de que quienes
ejecutan delitos lo hacen basándose en un juicio. Por lo tanto, estos actos son
intencionales y calculados con anticipación, es decir, la conducta delictiva
tiene un fin y este ha sido debidamente razonado, algunos pensadores no
convergen con esta teoría, sin embargo, es muy utilizada en el ámbito
criminológico.
Al examinar y emplear estas teorías, los
estudiosos y expertos pueden alcanzar un mejor conocimiento de los factores que
intervienen en la criminalidad y ocuparse en diseñar colectividades más
protegidas y seguras.
Factores que Inciden
en la Criminalidad
La gran mayoría de investigadores
relacionan a la criminalidad con algunos factores socioeconómicos, entre ellos:
La Desigualdad Económica:
Constituye un
desequilibrio, el cual permite que algunas personas tengan mejores
oportunidades que otras; esta verdad reflejada en varios países y grupos de
población es considerada como la causa de la pobreza, la exclusión, las
limitaciones para acceder a puestos de trabajo bien remunerados, el discrimen;
efectos que se ajustan dentro de una misma cualidad, la imposibilidad de surgir
de un medio de carencias y necesidades no resueltas en relación con otra parte
de la población (Fundación BBVA, 2025). Estos grupos son calificados como
predisponentes o de riesgo, debido a que estas personas desocupadas pueden
terminar aceptando ofertas de negocios ilícitos y con ello suplir sus
necesidades. En Ecuador, la tasa de pobreza por ingresos se ubicó en diciembre
de 2024 en 28%, una variación de dos puntos porcentuales con relación al mes de
diciembre del 2023 con 26%, según datos
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025), contando con una
población de 18,5 millones de personas, lo que representa a 4,8 millones de
ecuatorianos que subsistieron con menos de USD 90,08 al mes.
Pese a que el
INEC no describe esta diferencia como significativa, se trata de la tasa más
alta desde junio de 2021, cuando Ecuador atravesaba la emergencia sanitaria de
Covid-19; para entonces, la pobreza superaba el 32% (González, 2025)
Sampietro (2023)
menciona que Esmeraldas es una de las ciudades de mayor pobreza a nivel
nacional, registrando para el 2023 una tasa del 52,9% en comparación con la
cifra de pobreza a nivel nacional que fue el 28,8%; es decir el índice de
pobreza de los esmeraldeños es casi el doble.
Para el año 2022,
fecha del incremento delincuencial, las estadísticas del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC, 2025) informó que sólo dos de cada 10 esmeraldeños
tenían un empleo adecuado. Es decir, que ganaban el salario básico de ese
entonces (425 dólares).
Una gran parte de
profesionales esmeraldeños tiene que migrar a otros sitios del país como
Guayaquil o Quito, principales urbes del Ecuador, para obtener empleo. Otros
viajaron a España, Italia, Chile, porque Esmeraldas no cuenta con industrias o
empresas que generen empleo. La mayor planta que alberga algunos trabajadores
esmeraldeños es la Refinería; otros trabajan en las entidades bancarias, como
docentes en diferentes instituciones educativas u otras entidades del Estado
ecuatoriano como el Ministerio de Salud o el SRI. La gran mayoría se dedica al
comercio informal, al subempleo, a la microempresa, a las actividades pesqueras, la agricultura y
ganadería en la parte del agro esmeraldeño. (Diario La Hora, 2023).
El Crimen Organizado:
Gachuz y Barona (2019)
definen la terminología de crimen organizado, desde el punto de vista de su
estructura y composición, como una asociación de personas o grupos que operan
bajo fundamentos y principios que tienen como objetivo perseverar en el
cometimiento de acciones ilegítimas y conseguir beneficios económicos por
intermedio de ellas, su organización, administración, dirección y mando, por lo
cual se asemeja a una estructura empresarial bien constituida.
La estructura habitualmente
se conforma de varios grados jerárquicos, un equipo de sicarios disponibles,
mucho dinero, grupos de seguridad independientes, técnicas de comunicación de
última generación, armas, transporte, cajas de seguridad, diversos inmuebles e
instalaciones que permiten la subsistencia de la organización.
Según la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada, en su artículo 2 define a la delincuencia organizada
transnacional, como un grupo conformado por tres o más individuos, y donde se
toman en cuenta otros elementos principales que los diferencian, como la
disciplina, la naturaleza racial, afinidad a la familia (ONU,
2021).
La acumulación de
ganancias obtenidas gracias al modo de agresividad que ejercen contra sus
víctimas (estafas, secuestros extorsivos, defraudaciones) son medios con los
cuales pueden obtener capital y organizar su economía de procedencia ilícita.
La utilidad del
dinero recogido tiene accesibilidad para la comercialización del tráfico ilegal
por intermedio de otros actores que tienen la posibilidad de contactarse a su
vez con negocios y medios que propician el incremento del dinero ilegítimo. El
acopio de la ganancia original es blanqueado a través de operaciones legales o
ilegales (Gachuz & Barona, 2019)
Las principales actividades ilícitas que
implementan se resumen en la Figura 1.
Rompimiento de la Estructura
Familiar:
Se caracteriza
generalmente por el abandono del padre de familia o el descuido de ambos
progenitores, o hijos de padres divorciados o cuando aquellos no son guiados
correctamente porque no existe una supervisión adecuada, afectándose la seguridad
y percepción de la vida de los jóvenes. Esto los lleva a tomar decisiones y
unirse a grupos delincuenciales donde pueden sentirse cobijados; también, en
muchos casos, las dificultades socioeconómicas se hacen presentes y esto lo
aprovecha el crimen organizado para sus fines (Bautista, 2024).
Mala Administración de
Justicia y de Procedimientos Judiciales:
En la actualidad, la
ciudadanía no comprende el hecho de que elementos implicados en situaciones de
criminalidad tengan algunas aprehensiones y mantengan antecedentes penales en
los que se les ha tipificado más de un delito, pero no están sancionados; de
manera que en estos casos, la aplicación de la justicia no brinda confianza y
aporta a que delincuentes queden en libertad y vuelvan a cometer hechos
lamentables contra la humanidad de otros semejantes. Un claro ejemplo es el
caso de la denuncia presentada por una autoridad del gobierno esmeraldeño ante
el Consejo de la Judicatura que incluyó 25 casos desde 2023, de individuos que
después de haber sido aprehendidos bajo sospecha de participar en actividades
de extorsión, fueron liberados mediante boletas de excarcelación con medidas
sustitutivas, alegando “irregularidades judiciales”. De la misma manera, existen
otros casos recientes que evidencian fallas en el sistema penal de la región.
Estos actos que implican a su vez transgresiones hacen vulnerables los
procedimientos de la justicia (Diario La Hora, 2024).
Falta de Personal
Policial Eficiente:
Entre los años 2022 y 2023 se incrementó
el número de policías en Ecuador, llegando a contarse 52 198, según informe de
Talento Humano de la Policía Nacional reflejado en el diario El Comercio (2023);
y donde se menciona que faltan 27 802 agentes para llegar a la meta de 80 000
policías número que se ha establecido el gobierno hasta el 2025.
Corrupción Institucionalizada,
Medio para Fomentar el Crimen Organizado:
El nexo que
existe entre corrupción y crimen organizado debe ser roto para poder resurgir
de la caótica circunstancia que con respecto a la inseguridad se vive en el
Ecuador. La depuración policial y militar es prioritaria y los asambleístas
deben establecer leyes para regular los procedimientos de las fuerzas de
seguridad e incluir sus sanciones con mayor rigurosidad, también en el Código
Integral Penal (Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, OECO, 2023).
De acuerdo con lo manifestado por el
diario Primicias, desde el Caso Metástasis, el índice de percepción de la
corrupción en el sector público midió a 30 países de Latinoamérica y el Ecuador
ocupa el puesto 20, con 34 puntos. El director ejecutivo de la Fundación
Ciudadanía y Desarrollo (FCD) señaló que los escándalos de corrupción del año 2023,
como el caso Encuentro y el caso Metástasis, contribuyeron a que la percepción
sea más alta y, por lo tanto, Ecuador baje dos puntos en su calificación, con
respecto al 2022 (Primicias, 2023).
Educación y
criminalidad:
La educación
promueve, a través del conocimiento, que los individuos puedan desenvolverse en
sociedad; de ahí que se tiene comprendido que la aspiración de la educación es instruir,
formar, capacitar preparar a los individuos para que tengan mayores
posibilidades de cambiar las situaciones adversas que les haya tocado vivir o
presenciar (Cumana, 2008).
Irvin Waller, citado
por Jaramillo (2020), suscribe que las familias con sólidos valores de unión y
trabajo, la terminación de los estudios de los jóvenes y el aumento de
estudiantes en la universidad reducen la delincuencia.
La crisis de
violencia vivida durante los años 2022-2023 tuvo repercusiones en la educación.
Los estudiantes universitarios del país fueron objeto de extorsión o
abandonaron los estudios y otros tuvieron que seguir aprendiendo en medio de
balaceras, con nerviosismo o sintiéndose amenazados, muchas veces por sus
mismos compañeros de aula. La alternativa de suspender las clases presenciales llegó
después y todos estos factores afectaron los niveles de aprendizaje,
desarrollo y participación directa del estudiantado. Sobre este particular,
Paz (2024) respondió que le preocupaban las clases virtuales, y que, a pesar de
los inconvenientes de seguridad, considera muy importante que las universidades
estén abiertas porque estas suspensiones traen delicados efectos y
consecuencias en los niveles de educación de los estudiantes.
Bajo esta panorámica, el efecto de la
criminalidad ha traído consigo también la deserción estudiantil; una categoría
negativa, relacionada al aspecto educativo. Su significado es el abandono a los
estudios, lo cual se aplica a una persona que se haya matriculado en una
institución y nivel respectivo, y de manera voluntaria o no, abandona los
estudios antes de alcanzar su título académico.
Por su parte, González (2024) concluye
que el factor asociado a la deserción no se trata solamente del entorno
interdisciplinario, sino también de los nexos con la adaptación a los sistemas
sociales, así como el alto nivel de inseguridad ciudadana y la falta de
oportunidades laborales.
Tasas de Deserción
Universitaria en Ecuador:
Los datos del
Instituto de Estadísticas y Censos (2025) indican que la tasa de deserción en el
año 2022 fue del 26%, ocurriendo especialmente en los primeros niveles. En 2023
el porcentaje de la deserción fue del 41,40 % y en 2024 del 39,70%, existiendo
una leve diferencia de 1,70% entre los dos años.
Amaguaya (2023) hace
referencia a los altos índices de deserción estudiantil a nivel superior en el
Ecuador, que para el año 2023 fue del 20,46%, aunque las cifras varían según el
tipo de institución, estableciéndose que existe más deserciones en las
entidades de carácter particular que en las públicas y en cuanto al género, hubo
mayor deserción por parte del género masculino.
Human Rigths Watch (2024) indica que el repunte
de la violencia en el Ecuador aumenta los riesgos para los estudiantes y describe
cómo la violencia impacta negativamente por el accionar de los grupos
delictivos que no permiten estudiar en entornos seguros.
La deserción estudiantil universitaria
puede generar consecuencias negativas como el mayor riesgo de desempleo,
aumento de la desigualdad socioeconómica, falta de empleo y oportunidades
laborales, pérdida de talento humano y contribuciones a la comunidad (Ávila et
al., 2024).
Políticas Públicas de
Seguridad Ciudadana:
Este acápite se
refiere al conjunto organizado y estructurado de acciones, que tienen como
finalidad producir situaciones, que vayan en beneficio de las demandas de los
ciudadanos, lo que conlleva la transformación de las condiciones de vida,
modificar comportamientos ciudadanos. Estas políticas deben responder a los
problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que
afectan a la sociedad, entendidos éstos como cuestiones públicas, que demandan
intervenciones desde el espacio público. Una vez que se hayan presentado deben
ser resueltos de la mejor manera posible, tomando en cuenta los recursos tanto
humanos, físicos, económicos, como legales.
Método
Estudio de tipo mixto,
con enfoque descriptivo, basado en el estudio de caso, que se realizó en la
Universidad Técnica Luís Vargas Torres, del cantón Esmeraldas.
La población
estuvo constituida por 8 200 personas. A través de un muestreo estadístico con
un margen de error del 5% y 95% del nivel de confianza, se determinó una
muestra de 368 personas entre estudiantes y docentes, para la aplicación de la
encuesta. En lo que respecta a las entrevistas, se realizó a funcionarios
administrativos y un dirigente político, seleccionados con muestreo intencional.
Esta muestra estuvo constituida por 4 personas: el director de Talento Humano
de la UTELVT, un Catedrático, un Activista Político y el presidente de la Junta
Provincial, informantes claves con conocimiento profundo del fenómeno en
cuestión, previos consentimientos informados prestaron su colaboración.
Las técnicas e
instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la encuesta y la
entrevista, para la encuesta se elaboró un cuestionario de 10 ítems, algunas
peguntas fueron de tipo dicotómico y otras mediante la escala de Likert, la
entrevista estuvo constituida por 4 preguntas abiertas. Se hizo un análisis
estadístico descriptivo para las encuestas y el análisis temático para los
datos cualitativos. Para ambos casos se consideraron los siguientes criterios
de análisis:
La Acción criminal
experimentada por estudiantes y docentes (preguntas 1 y 2).
Efecto de la
criminalidad en las actividades académicas:
·
Percepción
de inseguridad (pregunta 3).
·
Impacto
en el rendimiento y actividades académicas (preguntas 4, 5 y 6).
Medidas
de seguridad (preguntas 7, 8, 9 y 10).
Resultados
y Discusión
Resultados
de la Encuesta
De la muestra
integrada entre docentes y estudiantes (386), el 43,4% es de género masculino y
el 56,6% femenino. Las edades promedian de 18 a 30 años el 42 %; de 31 a 40
años el 34%; y de 41 años en adelante el 24%.
Acción Criminal Experimentada
Los resultados
obtenidos al evaluar este criterio en la pregunta 1 evidencian que durante
estos últimos 3 años el 61% ha sido víctima de un acto criminal mientras que el
39% no ha padecido estos actos.
Según los
instrumentos de medición de las Américas de 2023, se realizó una encuesta
probabilística de cobertura nacional realizada cada 2 años en más de 26 países
del continente. Los resultados muestran que alrededor del 36% de los
ecuatorianos que tienen edad para votar fueron víctimas de algún delito en el
último año. Esto quiere decir que casi 5 millones de ecuatorianos habrían sido
víctimas de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o
algún otro tipo de acto delincuencial.
Con respecto al tipo de acción criminal (Tabla
1), pregunta 2, se muestra que del 61% que respondió afirmativamente en la
pregunta 1, la mayoría han experimentado extorsiones, robos y secuestros
extorsivos con el 45, 22 y 18 %, respectivamente. En menor porcentaje han sido
víctimas de la usurpación de bienes con el 6%, violencia sexual con el 6,5% y
sicariato con un 4%. Esto demuestra que el tipo de acción criminal que más han
padecido los encuestados fueron las extorsiones con un 45%; de secuestro
extorsivo, el 18% víctimas de robo, el 22%, han sufrido violencia sexual el 5%
y pérdidas por sicariato el 4%. Estos datos concuerdan con lo expuesto por Roa
(2024). La crisis de violencia vivida durante los años 2022-2023 tuvo
repercusiones graves en la educación. Los estudiantes universitarios del país
que no fueron objeto de extorsión y no abandonaron los estudios tuvieron que seguir
aprendiendo en un ambiente inseguro, con nerviosismo y sintiéndose amenazados,
muchas veces por sus mismos compañeros de aula.
Según diario La
Hora (2023), en Esmeraldas se recibían alrededor de 15 denuncias mensuales, sin
contar las que se quedaron en la clandestinidad debido al temor y represalias.
Particularmente se utiliza la extorsión común. Otra es la extorsión
sexual: los victimarios logran obtener fotografías íntimas, y logran amenazar
a los incautos a cambio de dinero.
Efectos de
Criminalidad en las Actividades Académicas
Percepciones de
Inseguridad.
En la pregunta 3 de la encuesta se evidencia que la mayoría (66 %) no se siente
segura en el campus universitario, frente al 34% que respondió sí sentirse
seguros.
Impacto en el
rendimiento y actividades académicos.
Sobre el rendimiento académico, pregunta 4, el 77% considera que los actos
criminales afectan en el rendimiento académico de los estudiantes.
En la pregunta 5,
Tabla 2, los encuestados consideraron que en el año 2022 el rendimiento
académico fue regular, con el 37%; al 2023 lo calificaron como regular el 30%; pero
el 2024 fue considerado alto por el 33 %, por lo que podría decirse que el
rendimiento académico se ubica mayormente en las categorías entre regular a
alto.
Salazar (2023)
afirma que la inseguridad afecta el presente y el futuro profesional de los
estudiantes debido a que la violencia y el crimen pueden disuadir la inversión
de empresas en la zona o región limitando así las oportunidades de trabajo.
El accionar de
los grupos delictivos reduce el derecho de estudiar en entornos seguros,
obligando a los entes reguladores a tomar medidas como la suspensión temporal
de las clases presenciales, que en todo el país afectó a casi 4,3 millones de
estudiantes (Human Rights Watch, 2024). Lo que en un inicio pudo parecer una
solución, con el tiempo incluso a corto plazo, pudo acarrear serias
consecuencias en un país donde el acceso a internet es limitado, sea por su
ubicación geográfica o falta de presupuesto. De la misma manera, no todos
cuentan con las herramientas y equipos tecnológicos necesarios para un óptimo
rendimiento académico virtual, aún después del entrenamiento previo que se
vivió con la pandemia.
Los resultados
de la pregunta 6 (Tabla 3) revelan como la criminalidad insidió en el contexto
educativo universitario de diferentes maneras. Las actividades académicas se
vieron muy afectadas por la deserción estudiantil con el 61%, la inasistencia a
clases con el 54% y el horario de clases cambió según el 47% de los encuestados.
Se consideraron
medianamente afectadas las relaciones de confianza entre compañeros, con el 48%;
las renuncias laborales con el 44% y la baja participación extracurricular, con
el 40%. Ávila et al. (2024) explican que la deserción estudiantil en la
Educación Superior es un problema social existente en este y otros países en
desarrollo.
En 2024 se
calculó en Ecuador tasas de abandono académico a nivel universitario que se
aproximan al 40%. La deserción estudiantil es un fenómeno que tiene un alcance
amplio, sus causas son múltiples, y dependen de diferentes factores de índole
personal, económicos, académicos e institucionales. También, es uno de los
grandes problemas a los cuales se enfrentan las Instituciones de Educación
Superior, por cuanto afecta al estudiante, su familia y a la sociedad en
general. Otro de los efectos negativos es la desconfianza entre compañeros, que
se hace notoria cuando en el mismo ambiente educativo se promueven actos de
acoso y de amenazas por parte de personas infiltradas como estudiantes.
Otra afectación en los
estudiantes fue el cambio de horario y jornadas de estudio. El diario La Hora (2022)
manifestó que una de las acciones para salvaguardar la vida de los estudiantes
fue optar por el cambio de horario de clases, especialmente en horas de la
noche; así los establecimientos educativos debieron ajustar sus jornadas
laborales hasta las 17 horas. En la universidad Vargas Torres se suspendió la
jornada nocturna. Sobre la presentación de renuncias laborales debido al acoso,
y amedrantamientos a docentes, situación que se vive en el Ecuador, como lo
expresa el Diario La Hora (2024), en 3 ciudades del país (Guayas, Manabí y
Esmeraldas) los docentes piden cambios; mientras que otros renuncian debido a
la inseguridad, precautelando sus vidas.
Los efectos de la criminalidad en la
educación superior afectan negativamente el rendimiento académico de
estudiantes y docentes, la calidad de la enseñanza y aprendizaje, y el acceso a
la educación. Estos indicios podrían afectar también la parte psicológica y
emocional de los involucrados, con padecimientos como trastornos del sueño,
depresión, pensamientos suicidas, consumo de alcohol y otras drogas, ansiedad, entre
otras.
Medidas de Seguridad. La pregunta 7 es
concerniente al conocimiento de la implementación de medidas de seguridad en
los predios universitarios. En este ítem, el 54% manifestó no conocerlas,
mientras que el 46% respondió saber del asunto.
El desconocimiento de las medidas de
seguridad adoptadas por la institución universitaria por casi la mitad de los
encuestados puede estar relacionado con el hecho de que la universidad no
cuenta con un plan integral de seguridad y vigilancia. De acuerdo con una
búsqueda realizada en internet, fueron pocas las instituciones a nivel nacional
que cuentan con este plan publicado en sus páginas webs institucionales. Lo más
cercano que pudo hallarse fueron protocolos de actuación frente al abuso sexual.
El ítem 8 valoró
la existencia de la atención para brindar ayuda y apoyo emocional dentro de la
universidad. Los resultados demuestran que la mayoría de los encuestados no
conocen sobre la existencia de este apoyo, con un 60%, frente a un 40% que sí
indica conocerlo.
La implementación de
ayuda psicológica es elemental en toda institución educativa, sobre todo en
contextos vulnerables. El apoyo psicológico mejora el bienestar y el
rendimiento de los estudiantes, reduciendo significativamente los niveles de
estrés, ansiedad y depresión; además, este tipo de ayuda fortalece la
resiliencia que es un recurso personal que contribuye a adaptarse al estrés
relacionado con situaciones adversas enfrentadas por el individuo (García et
al., 2024).
Cox y Landázuri (2024)
explican que docentes y estudiantes pueden no hacer uso de los servicios
psicológicos debido a las barreras estructurales como la escasez de servicios
de salud mental (la universidad Vargas Torres no cuenta con atención
psicológica), la falta de recursos económicos o a las barreras culturales (al
tener que estar con personas con problemas mentales.
En lo
concerniente a las medidas para mejorar la seguridad en la universidad, la Tabla
4, pregunta 9, demuestra que el 26% se pronunció porque se incremente la
prevención y protección institucional, aumentando el número de guardias y optimizando
el sistema de vigilancia. El 22% manifestó que se promueva el emprendimiento
universitario, mientras que 
el 19% dijo que se
implementen todas las medidas sugeridas; el 18% que se organicen foros a nivel
nacional para establecer consensos que permitan proponer soluciones. El 15%
respondió que se dé atención especializada a los estudiantes y comunidad por
las afecciones psicológicas devenidas de la inseguridad.
En base a lo
anterior, existen estrategias anunciadas por el gobierno a fin de contribuir
con la normalización de actividades académicas y administrativas en los centros
superiores, por ello en el mes de marzo de 2023, el ministro del Interior y la
secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt)
suscribieron un acuerdo interinstitucional denominado Estrategia para el
Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica en las
Instituciones de Educación Superior, cuyo objetivo es velar por la
seguridad de la comunidad universitaria, debido a los actos de inseguridad que
se ha generado en el país;
mismo que consiste en implementar 5 estrategias, estas son: elaborar y acompañar
protocolos, procesos de socialización, ejecución, evaluación de seguridad en temas
de infraestructura y capacitación relacionada a la prevención del delito.
Los
foros y consensos deberían ser más constantes y podrían evaluar las políticas
de Estado, las políticas institucionales para proponer nuevas estrategias, e
implementar aquellas propuestas enunciadas en foros anteriores. Entre uno de
estos eventos el foro UNIR, realizado en el año 2023 se pronunció por implementar
estrategias integrales para combatir la inseguridad. Entre las medidas
propuestas se incluyen el fortalecimiento de la inteligencia militar y
policial, la cooperación internacional, y la involucración activa de la
sociedad civil en la denuncia y prevención del delito.
La Tabla 5,
pregunta 10, establece la prioridad que le dan los encuestados a la
implementación de las medidas de seguridad y políticas públicas. Los resultados
revelan que el 20% prefiere que la principal política que el Estado debe ejecutar
es el fortalecimiento a la educación y promoción de las oportunidades
económicas; el 18% está a favor de promover el aparato laboral y productivo. De
la misma manera, con el 18%, los encuestados indican se debe depurar las
fuerzas de
seguridad, el 16% indican se deben cambiar los procedimientos de medidas
sustitutivas para dejar en libertad a personas imputadas en actos de
criminalidad y con el 14% los encuestados señalaron se debe mejorar el sistema
penitenciario y el fomento de políticas de prevención de delito en las
universidades.
La
Organización de las Naciones Unidas (2023) explica sobre la prioridad que deben
dar los gobiernos a la educación, pues debe ser un compromiso firme porque la
educación ayuda a reducir las desigualdades, contribuye también a fomentar la
tolerancia para el desarrollo de sociedades más pacíficas. Al obtener educación
de calidad, las personas pueden salir con mayor facilidad de los círculos de
pobreza. Aunque después de la pandemia el impacto ha sido destructor en la
educación, según un estudio realizado en 104 países, se prevé que para el año 2030
se alcance a proporcionar igualdad de acceso a una formación profesional
accesible, eliminar diferencias de género y riquezas, así como lograr el acceso
a una educación superior de calidad.
En cuanto al
aparto laboral y productivo, se debe apuntar en todos los niveles educativos,
especialmente en la educación superior, hacia el desarrollo de habilidades y la
preparación académica que les permitan enfrentar los desafíos de un mundo
globalizado y poder iniciar y mantener un negocio propio. Esto además
contribuye al desarrollo económico del país pues es uno de los factores más
importantes dentro de la actividad productiva (Zapata et al., 2022).
Resultados de las entrevistas
La entrevista se
aplicó a 4 personas: el director de Talento Humano de la UTELVT, un docente
universitario, un activista político y el jefe de la Junta Provincial
En relación con los criterios de
análisis, se ha extraído la siguiente información de las entrevistas:
Acción Criminal
Experimentada
1. ¿De Qué tipo de actos
criminales ha sido víctima Ud. o algún familiar de su entorno cercano?
De los 4 entrevistados, los 2
funcionarios de la universidad Vargas Torres, lamentaron la muerte de 2
compañeros de la universidad por causa del sicariato en el año 2023; el
activista político manifestó que
la seguridad en las instituciones públicas está integrada de malos elementos
vinculados con el narcotráfico e incumplimiento de funciones y menciona además
de haber sufrido
la extorsión que se le hizo a un familiar muy cercano.
El jefe de la
Junta provincial lamentó la situación de inseguridad que se ha vivido en el
cantón Esmeraldas, el cierre de negocios y el estrés que se siente en el
ambiente.
Efecto de
la criminalidad en las actividades académicas.
2. ¿Cómo cree Ud. que ha
afectado la delincuencia a estudiantes y docentes
Universitarios.
Los entrevistados coincidieron que la
delincuencia afectó el aspecto socioeconómico, socioeducativo y psicológico, por
cuanto algunos estudiantes eran padres de familia y tenían que cumplir con sus
responsabilidades familiares y/o muchos hijos dependían de sus padres. Estos no
podían trabajar en iguales jornadas. En los estados de excepción, por ejemplo,
hasta ciertas horas, las clases virtuales crearon una brecha digital, lo cual
es una desventaja, porque tenían que salir de sus hogares a buscar otros sitios
y establecerse allí pagando muchas veces para cumplir con el estudio.
3. ¿Qué factor o áreas
de las actividades académicas considera se han visto más afectadas?
El área afectada
ha sido la asistencia regular a clases, la supresión de la jornada educativa
nocturna, que realmente era conveniente a la superación de personas que
laboraran en cualquier tipo de institución. El rendimiento educativo también se
vio afectado. Se evidenció el abandono estudiantil que para salvaguardar sus
vidas y las de sus familias.
Medidas de
seguridad
¿De qué manera
considera debería solucionarse el problema de la inseguridad en los
establecimientos educativos universitarios?
La opinión de los
entrevistados en esta pregunta deja por sentado que la situación es muy
compleja, porque el crimen organizado es así, y cuenta con mucho dinero, que
quizá es más organizado y unido que la asamblea que nos representa, entonces
tienen actividades que lesionan lo más preciado para el ser humano, la vida y
con ello también el fruto del trabajo honesto; sin embargo, coincidieron en
manifestar que se necesita de la unidad de todos los ecuatorianos, cumplir con
ética y honestidad profesional; que el gobierno (Función Ejecutiva), y Función
Judicial ( Asambleístas), deben buscar la solución a esta situación, porque los
delincuentes son menos que 18 millones de ecuatorianos, y el pueblo no se puede
quedar de brazos cruzados. Y herirlos en lo que más les afecta que es la
avaricia. El dinero. El Ministerio de Educación debería tomar más cartas en el
asunto, preparando a los docentes y estudiantes sobre Seguridad, advertir de
ciertos comportamientos, así como de contar con el constante resguardo policial
en las universidades; mediante la tecnología implementar una red de
conectividad con el Ecu 911, y realizar evaluaciones de los resultados de
investigaciones sobre sospechas de la inclusión de malos elementos entre el
estudiantado. El gobierno ecuatoriano debe ser más transparente, y tener un
ente exclusivo encargado del manejo de lo que se recauda en las redadas, dinero
efectivo, armas, droga, etc., dando un informe de qué se hace con estos
decomisos, no solamente que se quema la droga sino incautar las cuentas de
estas mafias que explotan recursos y promueven la minería ilegal.
Conclusiones
En el presente estudio se ha identificado
que la actividad criminal es activada por aspectos socios económicos,
educativos, éticos y la falta de algunas políticas públicas.
La desigualdad
socioeconómica, el crimen organizado, el rompimiento de la estructura familiar,
la mala administración de justicia y de procedimientos judiciales, la falta de
personal policial eficiente, y la corrupción institucionalizada como medio que
fomenta el crimen organizado son factores que se encuentran bastante
representados en el contexto esmeraldeño, pues paradójicamente aunque somos una
de las provincias más ricas en recursos, desde hace años la ciudad y provincia
están marcada por la pobreza, la corrupción y la mala administración de la
justicia, convirtiéndola en el escenario perfecto para el desarrollo de la
criminalidad. Todo esto sumado a la falta de oportunidades laborales y la
inversión extranjera que teme intervenir en la ciudad. De la misma manera, el
turismo y otras actividades productivas de mayor auge en la provincia también
se han visto afectadas por la criminalidad.
Los efectos de la
criminalidad han alcanzado todos los niveles y áreas, incluso el ámbito
educativo universitario. La mayoría de las personas que integran la comunidad
educativa de la universidad han recibido algún tipo de amenazas con secuestros
extorsivos de manera directa o indirecta. Esto ha provocado deserción
estudiantil, sobre todo en el año 2023 y una ligera mejoría en el año 2024. Como
consecuencia de la criminalidad, algunos docentes optaron por renunciar a sus
labores lo que implica pérdida en el recurso humano. En la mayoría de los casos,
estos docentes optaron por migrar y buscar oportunidades de trabajo en otros
lugares considerados menos inseguros. La criminalidad también afectó el
ambiente académico provocado por el estrés y nerviosismo en el que se
encontraban las víctimas. Con el cambio de horario y de modalidad se vieron afectados
sobre todo aquellos que vivían en la ruralidad por no contar con los equipos
tecnológicos o no tener la señal de internet óptima, así como aquellos que
laboraban fuera de sus horarios de clase. Es necesario que las instituciones
educativas cuenten con un centro de atención psicológico que brinde el servicio
a las personas que lo necesiten, sobre todo en aquellos casos donde la
criminalidad y violencia han afectado de manera directa.
La implementación de
las Estrategias para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia
Social Pacífica en las Instituciones de Educación Superior (IES) llamado
“Universidad Segura”, contribuirían principalmente a reducir actos violentos o
criminales en las Instituciones de Educación Superior (IES) y a promover
entornos educativos seguros y adecuados para la enseñanza aprendizaje. Para
ello se debe considerar la colaboración entre distintas instituciones, así como
la participación de la comunidad educativa.
Contar con
escenarios laborales o educación para el emprendimiento también es clave, así
los estudiantes pueden crear sus propias fuentes de trabajo. El gobierno debe
centrarse en crear estrategias que permita a empresas locales y extranjeras
invertir en estas provincias para generar más fuentes de trabajo brindar más
oportunidades a las personas y a los profesionales de la provincia.
Se debe
recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad
quitando elementos corruptos e incluyendo personal más comprometido y
capacitado en la prevención y reducción de actos criminales. De esta manera
mejoraría la confianza pública, se daría mayor cumplimiento a las leyes y las
regulaciones estatales. El proceso depurativo debe realizarse de manera
planificada integrando a la sociedad civil y velando que se realice dentro del
marco de la transparencia.